Todo tiene su límite.

Es lógico que de la aplicación de la ley, incluso por los funcionarios que custodian su aplicación como son los jueces, puedan surgir elementos que cuestionan la ley y el legislar, como en cualquier práctica humana. Otra cosa es el uso deliberado de la práctica judicial para intentar hacer caer una ley.

El caso de la disputa en torno al aborto de una mujer embarazada de la ciudad de Mercedes, no tiene nada que ver con el derecho a la vida o a la paternidad, mucho menos ahora. Y que se prosiga ahora, en estas condiciones en que no hay objetivo de vida ni paternidad, demuestra claramente que la finalidad es usar esto para una disputa puramente ideológica.

No se trata en este caso de una ley cualquiera. Para legalizar el aborto en Uruguay se debió sortear un veto presidencial, mecanismo que es tan reaccionario que incluso los presidentes reaccionarios en este país no lo usan. Una ley contra la cual se usó la opción de querer convocar a un plebiscito revocatorio, y no lograron convocar a nadie. Una ley que lleva atrás un enorme trabajo social de formación de opinión y se enfrentó y se sigue enfrentando a toda la costra institucional conservadora, pero tiene el respaldo de la opinión pública como lo demuestra esa movilización permanente por el tema, y el nulo respaldo ciudadano de los que la cuestionan.

Pero todo eso es otro tema. Si se quiere cuestionar la ley hay otros mecanismos posibles y válidos, y todo es discutible. Lo que es inadmisible es que se intente penalizar a una mujer por un aborto, tomándola como rehén, usando para ello la ley que legaliza el aborto, y después de haber -tal vez- contribuido a provocar ese mismo aborto por estrés dado el efecto de la presión judicial y la exposición mediática.

En pleno proceso judicial por el cual se intentó detener un aborto legal, y llevando además los plazos a sus extremos que podrían hacer inviable la aplicación de la ley, se produce un aborto espontáneo, según la certificación médica normal en estos casos. A partir de allí, todo el resto del proceso judicial pendiente incluyendo el recurso de inconstitucionalidad, deja de tener sentido.

Pero, sin contar con ninguna evidencia que permita suponer una acción ilegítima por parte de la mujer, se la quiere acusar de un supuesto delito, porque a decir del abogado del padre que objetó el procedimiento de aborto -que no actuaría como abogado en una acción penal en este caso pero que igual opina para fundamentar una demanda penal- este aborto espontáneo es “raro”.

De modo que vamos a eso.

La referencia a la que recurriremos en este caso es la conocida ginecóloga argentina Stella Maris Manzano, de larga trayectoria en el tema. La pueden googlear sin problemas.

Según esta profesional, el 20% de los embarazos termina en aborto espontáneo. Las causas son múltiples y combinadas, y estrés hay en casi todos los embarazos. En ningún caso se analiza el material expulsado porque lo más que podría indicar en cuanto a causas, es una anomalía en en número cromosómico, si ocurriese. Y eso sí es raro.

Vamos al misoprostol, sobre el que el abogado mencionado quiere que se investigue su posible presencia. El material científico sobre el misoprostol en muy abundante, pero se refiere a su uso para inducir abortos en las mejores condiciones y sin complicaciones ulteriores. Sobre investigación de presencia de misoprostol luego del aborto no hay nada. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa ese tema.

El misoprostol opera a nivel del músculo uterino. Aun si pasase al embrión antes de haber actuado y provocado la expulsión, un embrión en la etapa de la que estamos hablando tiene un desarrollo muscular casi nulo y no sería retenido allí. Es extremadamente difícil que se encuentre nada por esa vía.

Tal vez pudiese encontrarse presencia de la droga si se analizase a la mujer. Pero de eso no se ha dicho ni una palabra, y es fácil saber por qué.

El embrión será o no será sujeto de derecho, toda una discusión ya se hizo y se puede seguir, mejor en otra instancia y no en esta. Pero como sea, el embrión no habla por sí mismo; la mujer sí.

Y ahí, si se quisiese obligarla a un examen de ese tipo, se presentaría un problema. Tal es así que por eso no han dicho una palabra.

Hay un certificado médico que dice que hubo un aborto espontáneo. Para obligar a una persona a someterse a un examen médico no deseado -y en la suposición además que es para incriminarla-, tiene que haber una orden judicial que estime la posibilidad de un delito, y al mismo tiempo ponga en duda la pericia médica existente. ¿Y sobre qué bases?

Sería una tortura más.

Como hemos dicho, el aborto espontáneo no es raro en absoluto. El argumento que se aduce es que la mujer nunca habló antes de que tuviese un problema en el útero. Obviamente eso no tiene nada de raro, nos damos cuenta de los problemas de nuestro organismo a medida que se manifiestan en síntomas. Pueden haber exámenes preventivos que indiquen disfunciones todavía asintomáticas, pero esos exámenes preventivos se hacen, en estos casos, cuando el deseo es continuar el embarazo, no al revés.

El aborto aquí puede ser entendido como “lenguaje del cuerpo” rebelión del cuerpo, que no se somete a la espera ordenada, porque las órdenes  tienen sus límites.

Pero el que me resulta raro es el padre, o el padre frustrado hablando con propiedad.

Hubiese sido mejor que la ley tuviese en cuenta de alguna manera la voluntad del padre, evitando situaciones aberrantes aprovechando el hueco. Creo que si el legislador no lo hizo no fue por olvido, sino para no entrar en un problema sin solución. Voluntades contrapuestas de madre y padre en ese tema es un problema sin solución, un choque entre dos injusticias. Y venir aquí con eso de “todos somos iguales ante la ley” es un disparate, es bastante claro que el hombre y la mujer no son iguales en el embarazo. Choque de dos injusticias, pero en una situación muy asimétrica.

Y aunque la ley no pueda resolver un problema sin solución, no por eso mejor prescindir. La ley pude ayudar, aunque sea molestando. Podría requerirse que se aclare la situación del padre, si está o no en conocimiento, si está o no de acuerdo, o si está borrado, si se desconoce quién es, o si simplemente no se quiere informar, aunque nada sea impedimento. Sería mejor que la ley contemplase situaciones excepcionales, para de esta manera acotarlas.

Aquí estamos claramente ante un embarazo accidental, no un embarazo buscado, y menos aun buscado en acuerdo. Si el aborto implicase un cambio de opinión de la mujer ignorando un acuerdo previo, si significase un perjuicio importante para un hombre con una fertilidad muy problemática con poca probabilidad de tener otra oportunidad, si hubiese un compromiso formal a hacerse cargo completamente del hijo en toda circunstancia, si no significa un riesgo de salud para la mujer… todos podrían ser elementos a tener en cuenta. Pero en ningún caso dejaría de ser lo que es, disponer del cuerpo de la mujer contra su voluntad.

Y cuando digo que no entiendo a este hombre que quiere ser padre, hablo como hombre y como padre. Ser padre es un logro y una satisfacción. Pero tiene un objetivo, tener hijos.  ¿Y para qué queremos hijos? 

 
Si es un problema en esta sociedad el padre ausente, y los hogares monoparentales de madres solas están asociados al círculo de la pobreza, la sociedad debería valorar el rol del padre. Pero mejor sería empezar por autovalorarnos. Y también se debería valorar el simple hecho de ponerse de acuerdo, al momento de tener un hijo, que luego seguirá con el legado cultural y el ejemplo.

Con nuestros limitados recursos al menos por ahora, para ser padres necesitamos la participación de una mujer. Y si no querés terminar en cana, será la participación voluntaria de la mujer. Y eso significa atender ciertas condiciones, no son tan difíciles ni tan raras, ni tan desagradables.

Decime botija, después de esta ¿pensás que vas a poder meterla alguna vez más en tu vida?

fernando moyano  fernando moyano