El partido político de Aylwin fue uno de los que apoyó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Impunidad e informe Rettig

Durante el gobierno de Aylwin se consagró la impunidad a los violadores de los Derechos Humanos, bajo su política de “justicia en la medida de lo posible”. Esta “medida de lo posible” permitió la aplicación de la Ley de Amnistía y escasos avances en la investigación.

El discurso de la Concertación de Partidos por la Democracia es que se trataba de una democracia imperfecta, que estaba “amarrada” por las leyes que dejó la Dictadura. Sin embargo, la propia Concertación se encargó de mantener gran parte de esas leyes, como también el modelo económico y social del neoliberalismo, que incluso se perfeccionó durante los gobiernos concertacionistas.

De esta manera, la salud, la educación, las pensiones, entre otros derechos básicos, continuaron siendo un negocio; los trabajadores vieron con impotencia como se mantenía el Código Laboral de la Dictadura, al igual que la Constitución del 80′, las leyes de Amnistía, antiterroristas, etc.

Aylwin creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, en la que se culpaba al contexto de polarización durante la Unidad Popular como responsable del Golpe, mientras que se proponía solo avanzar en la reconciliación y reparación, pero no en el castigo y cárcel a los genocidas.