Ante las declaraciones del gobierno nacional y los partidos políticos coincidentes en señalar los peligros potenciales del ‘fracking’ en la explotación de petróleo o gas, las organizaciones sociales que venimos promoviendo la prohibición de esta tecnología en nuestro país, saludamos las coincidencias y reclamamos que para tranquilidad de la población las mismas sean plasmadas en normas legales imperecederas.

 

De acuerdo con las informaciones de la prensa, en la reunión del pasado jueves con delegados de los partidos políticos con representación parlamentaria, el presidente Tabaré Vázquez afirmó que, como resultado de un estudio en el que se analizaron las diferentes posibilidades de explotación de hidrocarburos en el país, el Poder Ejecutivo decidió que no se utilizará el método de ‘fracking’ en las operaciones de exploración y explotación de petróleo y gas en tierra firme, por considerarlo extremadamente perjudicial para la sustentabilidad del medio ambiente.

 

Saludamos esta declaración del gobierno nacional, que reafirma una anterior realizada en la sesión del Consejo de Ministros efectuado recientemente en Paysandú, porque proporciona tranquilidad a las poblaciones de varias zonas del país que se vienen movilizando con gran preocupación por los impactos ambientales y sociales del ‘fracking’ al conocer la existencia de contratos firmados por Ancap que habilitan la posibilidad de usar esta tecnología y el anuncio de perspectivas promisorias en ese sentido por las empresas que están operando en la Cuenca Norte.

 

Esa preocupación ha sido precisamente la razón de las acciones civiles que, por encima de cualquier encuadramiento político partidario, promovieron resoluciones prohibiendo el ‘fracking’ en su territorio por las Juntas Departamentales de Paysandú, Tacuarembó y Salto, entre 2013 y 2014, a las que se sumó Rocha en 2015 y se refleja en iniciativas análogas en otras Juntas. Decisiones sustentadas en las atribuciones de los gobiernos departamentales para decidir los usos del suelo en su jurisdicción garantizadas por la Constitución y las leyes nacionales.

 

El problema principal es el uso de la fracturación hidráulica o ‘fracking’ para la explotación o extracción de petróleo y gas de napas de rocas impermeables o esquistos. Pero, aunque no sea estrictamente utilizando el ‘fracking’, son igualmente peligrosas las actividades de exploración con perforaciones de estudio en zonas muy sensibles como las que en nuestro país cobijan al Acuífero Guaraní. Algunas de estas perforaciones fueron suspendidas por su inestabilidad, como en el caso de Cerro Padilla, pero no se conocen hasta el presente sus consecuencias.

 

Reafirmamos la necesidad de regirnos como sociedad por el ‘principio de precaución’, o sea, que una acción de impacto sobre el medio ambiente y la salud de la población no debe ser llevada a cabo mientras no se demuestre la inocuidad de sus efectos. Lamentablemente, hoy en día en muchas actividades, y con el ‘fracking’ no ha sido una excepción, se invierte ese principio y esto ha traido como consecuencia graves daños y perjuicios a las sociedades. Como resultado, varios países han prohibido el ‘fracking’, pero en otros se sigue insistiendo en su aplicación.

 

La manera de asegurar la tranquilidad de la población es que las declaraciones de los gobernantes y los dirigentes políticos se traduzcan en normas legales que trasciendan los mandatos electorales y partidarios y que las mismas se cumplan a cabalidad. En el Parlamento ya se presentaron tres proyectos de ley sobre la problemática del ‘fracking’ que proponen desde una moratoria hasta la prohibición. Estos proyectos pueden ser fácilmente consensuados pues su fundamentación es coincidente en los aspectos esenciales y son respaldados por legisladores de varios partidos.

 

Las organizaciones sociales firmantes llamamos a la ciudadanía a estar atenta a la evolución de esta situación y mantenernos movilizados hasta que se consagre la prohibición del ‘fracking’ en nuestro país. En consecuencia, seguiremos promoviendo pronunciamientos de los gobiernos departamentales, así como la aprobación por el Parlamento de una ley nacional con la misma finalidad.

 

Uruguay, 10 de abril de 2016.

Contactos:

Tacuarembó por la Vida y el Agua: Sebastián Ríos 098 479198

Paysandú Nuestro: Javier Dalmás 099 728552

Paysandú Libre de Fracking: Patricia Correa 099 171695

Grupo de Jóvenes Piedra Sola: Bruna Borba 099 447763

Grupo de Ciudadanos Salto: Nelson Martínez 099 559037

Maldonado por la Tierra y el Agua: Juancho Salazar 98390465

Uruguay Libre de Megaminería: Víctor Bacchetta 098 935317,

Raúl Viñas 099 648685

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