Por Mariana Carbajal / Página 12 –

EL ESTADO SE DISCULPO POR DISCRIMINAR A UNA MUJER POR SU GENERO Y SU PERTENENCIA A UN PUEBLO ORIGINARIO

A los 15, la joven qom Liz Noelia Pérez fue violada. La policía tardó en tomarle la denuncia, el centro sanitario la maltrató y la Justicia determinó que ella no era virgen y absolvió a los tres acusados. Doce años después, el Estado le pidió disculpas públicas.

Historia de una luch...
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Por Mariana Carbajal

Cuando tenía 15 años, L.N.P., una adolescente de la etnia qom de una localidad chaqueña, muy pequeña, del Impenetrable, fue violada por tres jóvenes “criollos” del lugar. A pesar de que la amenazaron para que se callara, ella hizo la denuncia. Pero la delegación policial local demoró en tomarla y la envió luego a un centro sanitario donde sufrió severos maltratos. Durante el proceso judicial, se investigó especialmente su experiencia sexual previa. Y tomando como uno de los fundamentos que la chica no era virgen al momento del ataque, un tribunal de la ciudad Presidente Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, absolvió a los acusados, en una causa plagada de prejuicios de género y discriminación racial. Doce años después de aquellos hechos que marcaron la vida de L.N.P., el gobierno nacional le pidió disculpas públicas por la discriminación que sufrió por su condición de género y su pertenencia a un pueblo originario. El acto tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. “Este no es el final. Voy a seguir luchando para que lo que me pasó, no se repita y no lo sufra ninguna otra mujer”, dijo L.N.P. a Página/12, con su voz tímida, pero con una convicción conmovedora, poco antes de que comenzara la ceremonia en la que el Estado argentino –en la voz de funcionarios nacionales– reconoció públicamente su responsabilidad por la violencia, en distintas formas, que ella sufrió.

L.N.P. es, en realidad, Liz Noelia Pérez. Sus afectos le dicen Noe. Tiene actualmente 26 años. El pedido de disculpas que recibió el viernes es parte de la agenda reparatoria que fijó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Estado argentino, tras dictaminar en 2011 que en el caso se habían violado sus derechos humanos. La demanda llegó en 2007 al organismo internacional –como oportunamente informó este diario– a partir de una presentación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem-Argentina) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, que tuvo lugar en 2007. Las entidades hicieron la denuncia internacional cuando conocieron la historia de la adolescente.

A Noelia le pidieron disculpas la titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres del Consejo Nacional de Mujeres, Victoria Montenegro; el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alem, y el presidente de la comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto. Los dos funcionarios y el legislador destacaron el coraje de la joven, al reclamar por sus derechos. Noelia habló en qom y fue traducida. Fue breve. Estaba muy emocionada. Dijo estar “muy contenta” de estar allí y agradeció a Gabriela Filoni, de Cladem, y a Susana Chiarotti, de Insgenar, que la acompañaron en todos estos años, en su lucha contra la impunidad, y estuvieron también junto a ella en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. En otros hechos como el que sufrió la joven qom se “reproduce un patrón de impunidad”, advirtió Filoni. Y agregó: “Existen muchas Noelias. Lo relevante de este caso es la valentía de Noelia. Se animó a realizar la denuncia y, a pesar de un fallo adverso, siguió luchando”. A su turno, Chiarotti, consideró que este caso “tiene que ser un alerta para todos los jueces: ya no vamos a tolerar más la impunidad”. Y recibió fuertes aplausos del público –la mayoría activistas por los derechos de las mujeres–. Chiarotti recordó que este año se cumplen 30 años de la ratificación de la Convención sobre Todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) y 21 años desde que se incorporó a la Constitución. “Es hora de que los jueces la apliquen, la estudien y la aprendan”, señaló. Y consideró que “la buena voluntad que muestra el Estado –en reparar el daño sufrido por la joven qom– debe ser multiplicada, fortalecida y tiene que traducirse en planes federales contra la discriminación hacia las mujeres, y que tengan presupuesto adecuado. Vamos a poder eliminar el síntoma, que es la violencia de género, cuando eliminemos la discriminación contra las mujeres”.

“Este no es el final. Vamos a seguir luchando para que esto que me pasó a mí no se repita”, dijo a este diario Noelia. Tiene una cabellera oscura, tupida, y los ojos rasgados. Se siente más cómoda hablando en su lengua qom, que en español. En estos años, en que peleó por que su caso no quede impune, acompañada siempre por Cladem e Insgenar, la muchacha fue protagonista de un proceso de empoderamiento notable, que hoy la encuentra como candidata a concejal por el Frente para la Victoria en su pueblo, El Espinillo, en el Impenetrable, donde sufrió la violación, y sigue viviendo su familia, que es muy pobre y se dedica a la fabricación artesanal y venta de canastos. Noelia va y viene entre El Espinillo y la localidad chaqueña de Castelli, donde el gobierno de Chaco le construyó una casa, como parte de la reparación. Después del ataque sexual, la muchacha había abandonado la escuela. Recién con el apoyo de las dos entidades empezó el camino para la recuperación tras el daño sufrido, retomó sus estudios, terminó el secundario y participó de talleres de liderazgo para referentes de comunidades de pueblos originarios. Ahora, contó a este diario, está estudiando el profesorado de Matemáticas. “En lo más profundo de mi alma todavía me queda una cicatriz muy grande”, dijo conmovida.

La violación ocurrió el 3 de octubre de 2003. Con la ropa manchada de sangre, y 15 años, Noelia fue a la comisaría del pueblo a realizar la denuncia. Pero la hicieron esperar alrededor de tres horas de pie y llorando. Hasta que la derivaron a un puesto sanitario donde tuvo que esperar varias horas más hasta ser atendida. Después contó que el médico le hizo “tacto sobre la herida, lo que le produjo intenso dolor” y luego le revisaron la vagina, cuando había denunciado que la penetración había sido anal. El CDH dictaminó que la espera extensa en la policía y en el centro de salud, y la manera en que fue revisada por el médico forense, constituyeron “trato cruel, inhumano y degradante”. Además, el organismo internacional cuestionó que la sentencia de la Cámara en lo Penal de Presidente Roque Sáenz Peña –que absolvió a los acusados– centró su análisis del caso en la vida sexual de la víctima y en determinar si era o no “prostituta” y usó como argumento que no era virgen para establecer su consentimiento al acto sexual.

DESPUES DEL FALLO DE LA JUSTICIA CHAQUEÑA
La denuncia en la ONU

Por Mariana Carbajal

El ataque sexual que sufrió L.N.P. ocurrió el 3 de octubre de 2003 en la localidad de El Espinillo, a 400 kilómetros de Resistencia. Los tres “criollos” que participaron del hecho la amenazaron para que no los denunciara. No era la primera vez que ocurrían situaciones similares con chicas y mujeres tobas violadas por hombres “criollos”, pero habitualmente se silenciaban y quedaban también impunes por la prevalencia de una mentalidad racista. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción con sede en la ciudad de Castelli, a unos 80 kilómetros del pueblito donde vivía L.N.P. El juicio lo llevó adelante la Cámara en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a unos 250 kilómetros de la casa de la muchacha. Aunque se probó el acceso carnal por la fuerza, los tres acusados terminaron absueltos en 2004. En el fallo, los jueces de la Cámara consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual”. Las heridas sufridas por la víctima fueron atribuidas por los camaristas al “ímpetu con que se intenta la penetración” y a la “juventud del sujeto activo, edad en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta alcohólica, que fue reconocida por el autor y constatada por el médico, que suele producir mayor desenfreno”. La familia de L.N.P. nunca fue notificada. Y recién se enteró dos años más tarde.

Mientras se tramitaba la denuncia en la ONU, las entidades demandantes, Cladem Argentina y el Insgenar comenzaron a negociar con el gobierno de Chaco una serie de medidas reparatorias por el daño sufrido por la adolescente. La mayoría se cumplió, entre ellas, una indemnización de 53 mil dólares, una pensión vitalicia, y una vivienda. Además, el 23 de abril de 2009, el gobierno chaqueño, en un acto público sin precedentes, pidió perdón a la joven. A nivel nacional, una de las medidas reclamadas por las entidades también se cumplió: la sanción de una Ley Nacional Integral sobre Violencia contra las Mujeres, que aprobó el Congreso en 2009 (la 26.485) fue reglamentada por un decreto presidencial en 2010.

Pero queda pendiente la implementación de esa ley, entre otros aspectos –señala Susana Chiarotti, abogada especializada en derechos de las mujeres, e integrante de Insgenar–, un Plan Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. “La falta de implementación del Plan Nacional, unida a la escasa importancia asignada a la problemática por parte de los gobiernos locales y a la impunidad de muchos de los casos que acceden a la Justicia, son parte de los obstáculos para avanzar en la prevención de la violencia contra las mujeres”, apuntó Chiarotti a Página/12. Por un lado, precisó, no todas las provincias adhirieron a la Ley Nacional 26.485, y algunas, como el Chaco, adhirieron parcialmente. “Distritos con gran cantidad de población rural no disponen de servicios para estas mujeres. Las mujeres indígenas no cuentan con traductores a sus lenguas originarias y a la hora de acceder a la Justicia se enfrentan con un sistema que no cuenta con gente sensibilizada ni en discriminación por género ni por lo étnicorracial”, agregó la abogada, que forma parte del comité de expertas de la OEA que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará.

“La impunidad sobreviviente del inadecuado tratamiento de los casos de violencia, incluidos los femicidios, por parte del sistema de Justicia, podría ser un factor que facilite la comisión de otros delitos. Se ha constatado que en casos paradigmáticos, como la muerte por incineración de Wanda Taddei, en Buenos Aires, o el asesinato en el 2006 de Nora Dalmasso en Río Cuarto, Córdoba, la Justicia dedicó más tiempo a investigar a las víctimas que a los posibles perpetradores. La falta de diligencia en la recolección de pruebas y el resto de las actividades de investigación; los prejuicios y estereotipos discriminatorios en el accionar de operadores de la Justicia, se convierten en obstáculos a la hora de sancionar adecuadamente estos crímenes”, subrayó Chiarotti.