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Implementar las recomendaciones del Relator Especial (*)

Apreciamos y valoramos, como colectivo organizado de la sociedad civil, que se nos haya invitado a hacer uso de la palabra en esta audiencia pública del Parlasur. Sinceramente. Damos las gracias por ello. Lo valoramos no solo como reconocimiento al trabajo que realizamos, por lo que hacemos y  por lo que somos como institución.

Lo apreciamos como reconocimiento a lo que representamos: somos la organización que agrupa a todas y a todos los expresos políticos de Uruguay en su condición de luchadores sociales y políticos, comprometidos con el pasado, el presente y el futuro de la institucionalidad democrática.

Hablamos en plural, como corresponde, porque agrupamos a toda la patria de los prisioneros políticos de Uruguay. Hablamos en nombre de los miles de ciudadanos que recorrimos las cárceles y centros clandestinos de detención, sobrevivimos al terrorismo de Estado y al paso de los años. Somos parte de la sociedad uruguaya en los ámbitos más recónditos del país.

A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la prisión política, asociada a la tortura sistemática, que incluyó los abusos sexuales y otras atrocidades aberrantes, fue la metodología deliberadamente seleccionada por quienes se apropiaron del poder, para gobernar y destruir a todos los opositores.

A casi 30 años del retorno a la institucionalidad democrática aún se invoca un estado de guerra y la seguridad nacional para justificar lo ocurrido como si los Estados pudieran existir desconociendo las normas de derechos humanos y realizar acciones que desde el Tribunal de Nuremberg en 1948, cuando se juzgó a los criminales nazis, se catalogan y tipifican como crímenes contra la humanidad.

No hay justificativos jurídicos, políticos o morales, válidos para lo ocurrido. Tampoco es cierto que las violaciones a los derechos humanos se llevaran a cabo solamente contra combatientes y ciudadanos que haciendo uso del legítimo derecho de oponerse a la tiranía se alzaron en armas. La tortura se aplicó en forma masiva, sistemática y generalizada a todos quienes se oponían al régimen sin distinción de edad, sexo, raza, creencias políticas y filosóficas o ámbitos de resistencia. Incluso existió una coordinación represiva de los regímenes de la época en el marco del Plan Cóndor.

La dictadura y el terrorismo de Estado fueron una inmensa tragedia nacional que afectó de una manera u otra al conjunto de la población y que hasta el día de hoy pesa sobre desarrollo de nuestra sociedad. Una experiencia trágica que Nunca Más debe volver a repetirse. Las víctimas directas, los sobrevivientes del horror, tenemos la obligación moral de batallar, hasta el resto de nuestros días, para que ello no vuelva a ocurrir. Es nuestro compromiso como organización.

En la 27ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizada en setiembre del presente año, el Relator Especial  para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, presentó su informe sobre Uruguay.

El informe  es el resultado de la visita que realizó a nuestro país a fines de setiembre y principios de octubre del año pasado por invitación formulada por el gobierno uruguayo.

El Relator Especial para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición tiene la responsabilidad, entre otras, de supervisar la implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, que fuera aprobada en diciembre de 2005, en los países en que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos como las llevadas a cabo en Uruguay durante el terrorismo de Estado.

La Resolución 60/147 es la declaración universal de los derechos de las personas que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales, como ocurrió en Uruguay y también en la región.

La Resolución 60/147 de la ONU es también un instrumento internacional que establece las obligaciones de los Estados en dicha materia para superar los traumas y sufrimientos ocasionados durante períodos excepcionales y crear las condiciones para impedir que ellas vuelvan a repetirse. Es la hoja de ruta a transitar para cristalizar en los hechos, en la realidad de cada país, el Nunca Más.

El Relator Especial Pablo de Greiff realiza un análisis pormenorizado de la realidad uruguaya a casi 30 años del retorno a la vida democrática, de los avances, especialmente en los últimos diez años, y de los desafíos pendientes. Ofrece, desde su visión especializada y su experiencia internacional, un conjunto de recomendaciones que deberían ser implementadas a la mayor brevedad por parte del Estado uruguayo.

Crysol comparte enteramente el diagnóstico formulado por el Relator Especial Pablo de Greiff al evaluar el proceso vivido por Uruguay en estos 30 años y las recomendaciones formuladas a los tres poderes del Estado uruguayo.

Los regímenes democráticos de la región que han permitido mejorar sustancialmente las condiciones de vida de toda la población, la vigencia de las libertades y de los derechos políticos y ciudadanos no fueron un regalo del cielo. Son un logro de la amplia resistencia a los proyectos de los sectores reaccionarios de nuestros países, empeñados en salvaguardar privilegios e injusticias, en el marco de una estrategia continental diseñada por EEUU como se ha acreditado documentalmente. Son una conquista de la  lucha llevada a cabo por nuestros pueblos cuyas filas integramos para alcanzar todas y cada una de las libertades  vigentes en la actualidad aunque aún haya un largo camino a transitar.

Con respecto a lo que se conoce como el pasado reciente, los crímenes terrorismo de Estado,  la institucionalidad uruguaya debe implementar a la mayor brevedad el conjunto de  recomendaciones, exactamente 22 recomendaciones, que formulara el Relator Especial de las Naciones Unidas en todos los planos.

Las recomendaciones involucran a los tres poderes estatales. El poder judicial ya no tiene obstáculos legales para investigar y esclarecer. La  Suprema Corte de Justicia debería liderar el juzgamiento de los responsables. El destino de los detenidos desaparecidos sigue siendo una de las obligaciones prioritarias que no han podido ser dilucidadas. Continúa siendo una herida abierta de la democracia uruguaya.

Mientras el cuerpo aguante, junto a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, seguiremos batallando, con ardiente paciencia, por verdad, justicia, memoria, reparación y Nunca Más terrorismo de Estado.

Muchas gracias.

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(*)  Exposición de Crysol   en la Audiencia Pública de DDHH del Parlasur el día 11 de noviembre,

llevada a cabo en la sala Francisco Acuña de Figueroa  del Edificio Anexo del Palacio Legislativo.