Condenan actitud de juez en caso de violación a DDHH que intentó obligar a periodista a revelar sus fuentes

El juez penal Pedro Zalazar accedió al pedido de la defensa de cuatro militares y un ex policía procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1973-1985), y pretendió levantar el secreto profesional del periodista Roger Rodríguez, con el objetivo de que identificara a su informante en el denominado caso Gelman.

Jueves 20 de marzo de 2014 |

 el Poder Judicial “debe garantizar el derecho de los periodistas a reservarse las fuentes de la información que ofrecen al público”.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 18 de marzo, en la sede del juzgado penal de la calle Misiones, donde también se encontraba presente el fiscal de la causa Ariel Cancela.

Roger Rodríguez mantuvo su posición de no acceder a revelar el nombre de su informante, aunque sí reconoció que quien proporcionó información fue un oficial retirado del Ejército.

Ante la firme decisión de Roger Rodríguez de no revelar la identidad de sus fuentes en el caso concreto, el fiscal Cancela no entabló ninguna solicitud de procesamiento por desacato, lo que evitó que el periodista sufriera consecuencias penales.

Condena

En ese marco, el Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Acceso a la Información (CAinfo) y la Coalición por una Comunicación Democrática, condenaron este miércoles en forma “enfática” la actitud del juez penal, actuante en un caso de denuncia de violación de Derechos Humanos durante la dictadura.

El Consejo Directivo Central de la APU, el CAinfo y la Coalición por una Comunicación Democrática manifiestan su “enorme preocupación por estas decisiones de funcionarios de la Justicia”, y recuerda que el Poder Judicial “debe garantizar el derecho de los periodistas a reservarse las fuentes de la información que ofrecen al público, en lugar de intentar obligarlos a revelar sus fuentes, tal como lo señalan los estándares de derechos humanos, la Constitución y la Ley Nº 16.099”.

Para hacer referencia a este y otros casos similares APU, el CAinfo y la Coalición por una Comunicación Democrática solicitarán una entrevista “urgente” a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Ante esta “nueva y preocupante actitud de un magistrado penal de nuestro país, la APU, el CAinfo y la Coalición por una Comunicación Democrática expresan su profunda inquietud por el intento de atentado contra el derecho a la reserva de las fuentes que está expresamente establecido en normativas nacionales e internacionales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala expresamente en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

El mismo texto subraya que todas las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

En el plano interno, la Ley Nº 16.099, conocida como Ley de Prensa, en su capítulo 1º señala claramente que “los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto, a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

Antecedentes

Por otro lado, APU  recuerda a través de un comunicado que el pasado 25 de febrero, en conjunto con el Cainfo, la APU expresó públicamente su “preocupación por la ocurrencia de dos hechos de similar tenor”.

En aquella oportunidad se denunció que el Juzgado Letrado de Mercedes había citado a declarar a los cinco periodistas integrantes de la agencia de noticias Agesor, que en noviembre del año pasado habían informado sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar.

También recordaron que tres periodistas del blog “Proyecto Fósforo” habían sido citados a declarar como testigos en un juzgado penal en Montevideo, que estaba investigando un presunto caso de vandalismo intencional contra los contenedores de residuos de la Intendencia de Montevideo.

“En ambos casos, los magistrados actuantes habían expresado su intención de conocer las fuentes de información de los colegas, pero ante la enfática denuncia pública de esta situación finalmente desistieron de sus propósitos”, recuerda APU.

Ahora, “nuevamente, en un hecho absolutamente lamentable, que reviste una inusitada gravedad, un juez penal dispone el levantamiento del secreto profesional de un colega para que divulgue los nombres de sus informantes”.