SÉ LO QUE ESTÁN HACIENDO ESTE VERANO

 

 “Sé lo que hicieron el verano pasado”, es el título de una película estrenada en 1997, cuya historia se basa en la novela del mismo nombre de la escritora estadounidense Lois Duncan, que describe los problemas que tiene un grupo de amigos que trata de ocultar un crimen cometido el verano anterior, suponiendo que nadie lo sabe.
Al comienzo de 2014, en el escenario político de nuestro país, están ocurriendo cosas como para una película que podría llamarse “Sé lo que están haciendo este verano”.

 PLAYA, SOL Y MINERÍA

Mientras algunos uruguayos estamos entretenidos disfrutando de la estación de las licencias y las vacaciones, otros estamos trabajando duro atendiendo al turismo que llega a nuestras costas, hay quienes aprovechan para consumar uno de los mayores errores estratégicos en la historia del país.

Para empezar a exponer las razones de mi afirmación, y ya que hablamos de guiones cinematográficos, planteo la siguiente situación imaginaria: A un doctor le piden que examine un paciente para dar su diagnóstico, pero mientras cumple su rutina de revisación médica, antes de que les comunique su opinión técnica del caso, oye a los familiares del enfermo llamar a una empresa fúnebre y hablar sobre la fijación de la hora del sepelio y de ir dando la mala noticia del fallecimiento a los demás parientes.
¿Cómo se sentiría ese médico? ¿Sorprendido? ¿Molesto? ¿Incómodo? ¿Indignado?

 Así deben sentirse los técnicos de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) ante los pasos que va dando el gobierno para firmar un contrato de inversión con Aratirí.

 ESCENAS POLÍTICAS DE TERROR

Antes del 20 de enero, según informó el pro secretario de la Presidencia, se estaría firmando el contrato con Aratirí.
Días pasados ya fueron entregados a los propietarios de los predios afectados, cedulones de notificación de la inminente explotación minera en campos de Valentines y alrededores.
Todo ello a pesar de que el resultado del estudio de impacto ambiental a cargo de la DINAMA aún se desconoce.

Y como si fuera poco, la principal razón por la que ese estudio está dificultado es la falta de respuesta a los pedidos de información que le fueron solicitados a la propia empresa interesada.
Al parecer, Aratirí no se molesta en aportar los datos científicos requeridos, porque concentra toda su atención en la negociación del tratado de inversión con el gobierno, dando por descontado que el permiso ambiental será otorgado.

 Pero hay más. Se anuncia la firma del contrato sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la Ley de Minería de Gran Porte, como por ejemplo, las Mejores Prácticas Mineras (Artículo 5) o el Plan de Cierre de Minas (Artículos 11 al 17). Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27 de esa Ley 19.126, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión total prevista -que sería de unos tres mil millones de dólares, según las estimaciones de Aratirí-, por lo que el depósito garante debería ser de unos 150 millones de dólares, cosa de la que ni se habla.

Resulta asombroso lo que estamos viendo: un gobierno que ya ni siquiera cumple con lo estipulado en una Ley que acaba de promulgar ejerciendo su propia iniciativa legislativa.

 Estamos ante un gobierno que no solo le pasa por arriba al artículo 47 de la Constitución de la República que declara “la protección del medio ambiente es de interés general” ” y mandata “abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves”. También avasalla su propia Ley de Minería de Gran Porte, aprobada en el Legislativo gracias a su circunstancial mayoría parlamentaria.

El desastre es completo: se viola la Constitución de la República, pero como no alcanza con eso, también se viola hasta una Ley inconstitucional que fue pergeñada para autorizar lo que la Constitución prohíbe. Es difícil encontrar en tiempos de democracia, antecedentes en nuestro país de una conducta tan antijurídica como ésta.

 ESTE VERANO TUVO SU PRIMAVERA

Repasemos brevemente algunas equivocaciones conceptuales y de procedimiento político, que han marcado hasta ahora el calendario de la introducción de la Minería Metalífera a Cielo Abierto, un rubro que si se concretara, cambiaría sustancialmente la vida del país y sus habitantes:

 1: No haber incluido el tema de la Minería de Gran Porte en el programa de gobierno que aprobó la ciudadanía para el período 2010-2015.

2: Afirmar sin pruebas que la Minería de Gran Porte puede integrarse a la economía nacional diversificando la matriz productiva del país.

3: No consultar ni escuchar a los pobladores de los territorios directamente afectados, ni habilitar la participación de la ciudadanía en general en el proceso decisorio.

4: Confundir a la opinión pública con declaraciones contradictorias y ocultamiento de datos, complementando con acusaciones de egoísmo y/o fundamentalismo para descalificar a los opositores sin responder sus argumentos.

5: No buscar la mejor oferta y recibir la primera minera que se presenta como si no hubiera otra opción, aunque se trate de una empresa sin experiencia en proyectos de esta envergadura y con sede en un “paraíso fiscal”

 6: Poner al Poder Ejecutivo en el lugar de un socio gestor de la Minera, desconociendo los impedimentos constitucionales existentes y diseñando a medida de la empresa interesada las leyes necesarias para facilitarle el negocio, otorgando beneficios impositivos extraordinarios y dejando huecos legales que permitan la evasión del pago de los impuestos no exonerados.

7: Renunciar a la soberanía nacional negando competencia a la Justicia uruguaya al aceptar someter a un tribunal internacional cualquier futuro conflicto entre el Estado y la minera.

8: Presionar a los departamentos técnicos de los organismos encargados de las habilitaciones, enviándoles señales de que la decisión política ya está tomada y es inútil cuestionar el proyecto porque este se hará a pesar de todas las objeciones

 9: Entregar cedulones de explotación y anunciar la firma del tratado de inversión con la minera (escrito a espaldas del pueblo con cláusulas de confidencialidad) sin cumplir siquiera los requisitos estipulados en la Ley diseñada para regular esta actividad inconstitucional.

¿Cuántos uruguayos se están dando cuenta de que en el verano 2014 se está consumando uno de los mayores errores en la historia del país al autorizar el proyecto Aratirí?

Espero que esta nota sirva para hacer reaccionar a algunos compatriotas que no ven aún, la gravedad de lo que está pasando este verano.

Aníbal Terán Castromán